Pescadores Industriales del Biobío presentan querella para que la Justicia investigue mafias que controlan la pesca ilegal de merluza

La Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío informó la mañana del martes 16 de marzo de la presentación de querellas por el delito de Pesca Ilegal sobre el recurso merluza común y el delito de Asociación Ilícita en contra de todos quienes resulten responsables de esta práctica que está llevando al colapso a este importante recurso pesquero.

Según explicó el abogado del gremio, Remberto Valdés Hueche, las acciones legales fueron ingresadas en el Juzgado de Garantía de Constitución, “producto que varias caletas de la Región del Maule se han determinado como el foco de la comisión del ilícito. Sin embargo, de establecerse durante la investigación que los hechos pudiesen estarse produciendo en otras zonas del país, como Valparaíso, O’Higgins o Biobío, se irán ampliando las acciones jurídicas, a fin de que los Tribunales puedan perseguir las mafias dedicadas al ilícito”.

Macarena Cepeda Godoy, presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, fue enfática en señalar que estas acciones legales “son a favor del resguardo de los recursos pesqueros, de la protección de la sostenibilidad del mar y de los pescadores artesanales honestos que están a merced de las mafias que controlan este ilícito y que destruyen los precios y los empobrecen. Por ello, quiero ser muy clara: estas querellas no son en contra de la pesca artesanal, son en contra de aquellos que no cumplen la ley, no cuidan los recursos y depredan el mar”.

 Según dijo el abogado Valdés, son varias las razones para recurrir a los Tribunales de Justicia, y se fundan en que diversos informes de universidades y centros de estudios alertan que la pesca ilegal a la que está afecta la merluza común está fuera de control y que esta práctica terminará por hacerla desaparecer. “La captura indiscriminada de este recurso puede comprobarse a través de los permanentes decomisos de este recurso pesquero a lo largo de Chile sin acreditación de origen legal (a pesar de que estos corresponden a menos del 2% de la pesca ilegal); el permanente estado de sobreexplotación del recurso, la inalterable oferta de merluza fresca, incluso en época de veda, y la invariable tendencia a la baja del precio en playa que deben soportar los pescadores artesanales cuando buscan vender merluza ‘legal’ frente a la enorme oferta de pescado ‘ilegal’.”

Es importante conocer que, en mayo y junio de 2019, en sesiones públicas del Comité de Manejo de la Merluza Común de las Regiones V a la VIII representantes artesanales de la Región del Maule reconocieron que anualmente extraen más de 50.000 toneladas de merluza, siendo su cuota asignada de 3.267 toneladas (la cuota global del recurso para todo el país es de 30.279 toneladas). Y en enero de 2021, en Sesión Extraordinaria del Comité Científico Técnico de la Merluza -organismo experto y asesor de la Subsecretaría de Pesca- se emitió un oficio donde le expresa a dicha autoridad que “la principal limitante para la recuperación de la merluza común es un elevado nivel de ilegalidad, hecho reconocido por los usuarios y que ha sido estimado en diversas iniciativas de investigación, incluso por este Comité”.

Las asociaciones ilícitas que controlan la explotación, logística, transporte, distribución y venta de esta pesca ilegal también destruyen el valor y el esfuerzo de los pescadores artesanales que buscan respetar sus cuotas y cuidar el recurso, pues el precio de la merluza ilegal es infinitamente inferior a la legal y sobre el cual no tiene capacidad para competir. Según señaló Macarena Cepeda, “esta acción legal también busca ir en auxilio de comunidades costeras de pescadores artesanales que se empobrecen producto de la pesca ilegal”.

Remberto Valdés agregó que “estas enormes cantidades de pescado sin acreditación de origen, además de no pagar impuestos producto de su venta, generan dinero “negro”, el que se estima en unos US$60 millones. Es decir, cifras muy relevantes de tributos están siendo evadidos en desmedro de las arcas fiscales (impuesto a la renta e IVA). Y, por otra parte, todo este pescado ilegal es transportado y almacenado sin ningún tipo de resguardo sanitario, poniendo en peligro la salud de miles de personas diariamente”.